Abogados y Médicos especialistas en Administración Pública
Abogados y Médicos especialistas en Administración Pública

Articulos de interés elaborados por el Equipo Jurídico de MARCONIA LEGAL   con el objeto de informar a nuestros clientes y usuarios sobre la actualidad y       las relaciones del ciudadano con la Administración Pública

NOVEDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A PARTIR DEL   2 DE OCTUBRE DE 2016 CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEYES 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

La responsabilidad patrimonial y el consiguiente procedimiento se regulaban hasta ahora en los Artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los Procedimientos, que se aprobó por R.D. 429/93, derogados por la Ley 39/2015.

 

A partir del 2 de octubre, se regulan por las dos leyes, la 40/2015 en cuanto a principios y régimen jurídico, y la 39/2015 en cuanto a especialidades procedimentales.

 

Éstas se elevan a rango legal y se consideran “especialidades”, ya que, según dice en la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se han integrado en el común”.

 

Éstas son las principales “especialidades”:

 

1.- Inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial:

 

Se permite iniciar el procedimiento por petición razonada de otros órganos, de oficio o por los particulares.

 

Si la Administración decide iniciar de oficio el procedimiento, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado a que se refiere el Artículo 67, cuyo plazo no ha variado y se mantiene en un año desde que se produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o determinación de las secuelas para los casos de daños físicos o psíquicos a las personas.

 

2.- Solicitud de Informes y Dictámenes:

 

El Artículo 81 de la Ley 39/2015 se refiere a tres tipos, que deben solicitarse:

 

a) El Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, que deberá emitirse en 10 días.

 

b) El Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando la indemnización sea superior a la cantidad que fije la norma. Se  emitirá en el plazo de 2 meses.

 

c) El Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sean reclamaciones al Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia. Será emitido en el plazo máximo de 2 meses.

 

3.- La terminación convencional.

 

El Artículo 86.5 de la Ley 297”015 establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley 40/2015.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

¿CABE  LA INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN O CONSENTIMIENTO, AUNQUE LA ACTUACIÓN SANITARIA HUBIERA SIDO CORRECTA?

Una de las vertientes más actuales y controvertidas de la responsabilidad patrimonial sanitaria pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

 

La idea de partida se recoge en el artículo 24 del Convenio de Oviedo, según el cual, la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas en la ley.

 

Por su parte, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, resulta clara al situar los deberes relativos a la información y documentación clínica al mismo nivel que el deber de prestar una asistencia sanitaria correcta cuando dispone que:

 

Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6)

 

La lectura de estos dos artículos nos lleva a las siguientes cuestiones:

 

1. ¿La ausencia de consentimiento informado da derecho  a indemnización?

 

En caso afirmativo;

 

2. ¿En que debe consentir el resarcimiento?

 

Ya de entrada conviene señalar que no toda quiebra de las reglas reguladoras del consentimiento informado tiene que traducirse en un resarcimiento económico.

 

 La STS de 27 de septiembre de 2001 señaló que la falta de información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable).

 

 Esta doctrina, no obstante, no es unánime y en la actualidad venimos encontrando sentencias de signo contrario que integran la exigencia de información dentro de las obligaciones profesionales que son exigibles a los médicos (lex artis). A esto ayuda la redacción del artículo 2.6 de la Ley 41/2002.

 

Para responder a estas cuestiones es preciso analizar separadamente una serie de supuestos:

 

  1. Inexistencia de lesión física. La actuación médica es correcta y positiva para el paciente pero no se ha informado o la información  ha sido defectuosa.

 

Desde un punto de vista teórico cabría sostener que la infracción de las reglas del CI podría dar lugar a responsabilidad patrimonial (por lesionar la autonomía de la persona, el respeto a su dignidad, valores morales o espirituales), si bien  la experiencia demuestra que no es así.

 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones con referencia a la quiebra autónoma de la lex artis, por falta de consentimiento informado, si bien en todos los casos se había producido un daño físico.

 

En consecuencia, la falta de consentimiento informado no tiene relevancia a efectos de resarcimiento salvo que se asocie a una secuela o resultado gravoso relacionado con la actuación medica.

 

  1. Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño típico y previsto.

 

La ausencia de CI supondría que se traslada la responsabilidad por el resultado dañoso del paciente –que no ha consentido, después de ser informado- al médico, lo que motiva que la lesión causada por un riesgo inherente a la intervención pasase de no ser antijurídica (riesgo que el paciente ha de soportar) a serlo, precisamente por no haber mediado esa información.

 

En esos casos la jurisprudencia contencioso – administrativa declara a efectos de resarcimiento el valor autónomo del CI como bien moral cuya infracción es de suyo resarcible.

 

 Caso a caso habrá que ver en qué ha consistido esa infracción, si se trata de un supuesto de absoluta carencia de información y de consentimiento, o si lo omitido es la información sobre los riesgos previsibles, o la información sobre posibles alternativas.

 

  1. Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño atípico o imprevisible o ha concurrido fuerza mayor.

 

  La fuerza mayor rompe el nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el resultado dañoso, pues la causa está fuera del servicio, luego no es imputable a la administración.

 En estos casos la reparación ligada a la infracción de las reglas del CI se asemejaría al primero de los supuestos y se basaría en una objetivación máxima de la contemplación del valor jurídico de la autonomía del paciente y de su dignidad.

 En efecto, se ha enmarcado la información que precede al consentimiento a una intervención bajo los estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa exigir una información que abarque hipótesis no ligadas necesariamente al propio acto médico.

 La STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de 1998 declaró que debían quedar fuera del resarcimiento los casos de riesgos atípicos, imprevisibles o infrecuentes, pues aún con un estricto respeto a las reglas del CI, no se habría podido informar sobre todos los extremos.

  1. Actuación contraria a la lex artis además de la falta de información o consentimiento.

 

Aquí concurren dos tipos de quiebra: la estrictamente médica o técnica, y la ligada al régimen del consentimiento informado.

En estos casos, la infracción de la lex artis ligada al CI sería a más, es decir, a los efectos de la indemnización, lo propio sería estar a la lesión física, de forma que el dato de la lesión de la autonomía de la persona y su dignidad actuaría como elemento de la cuantía de la indemnización.

 

CONCLUSIONES:

 

Solo puede dar lugar a responsabilidad de la Administración Pública aquellos supuestos en los que el daño por el que se reclama no solo sea antijurídico, sino que, además, debe proceder de una actuación de la Administración  y que esta sea contraria a la lex artis.

 

Si bien la responsabilidad patrimonial es objetiva o por el resultado, en materia sanitaria se hace necesario establecer algunos límites, tanto en relación al criterio puramente objetivista del nexo, como en relación al de la quiebra de la lex artis para considerar antijurídico el daño.

RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  SANITARIA

 

1. ¿QUE ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA?

Se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a la obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios sufridos por un paciente como consecuencia directa de la asistencia sanitaria recibida en un centro dependiente del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

2. ¿DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?

Art. 106.2 de la Constitución española: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

 

Art. 139 y siguientes de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común desarrolla este planteamiento y dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”

 

3. ¿A QUIEN DEBEMOS DIRIGIR LA RECLAMACIÓN?

La primera característica relevante de la responsabilidad patrimonial sanitaria es que se dirige frente a la Administración titular del servicio o centro donde se produce la asistencia, y no frente a los profesionales que la han prestado.

 

4. ¿ES NECESARIO PROBAR LA CULAPABILIDAD DE LA ACTUACIÓN?

Cuando la asistencia se desarrolla en el ámbito del SNS no es necesario demostrar la culpabilidad de la actuación, y basta con establecer una relación de causa-efecto entre la lesión producida y la actuación sanitaria para que los tribunales declaren el derecho a la indemnización.

 

Se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, independiente de la existencia o no de culpa o negligencia por parte de quien presta la asistencia

 

Este planteamiento genérico, sin embargo, viene siendo matizado por los tribunales, que no olvidan, por lo general, que para que surja responsabilidad y por ende reparación, la lesión debe ser antijurídica, es decir que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarla.

 

5. ¿CUANDO EL PERJUDICADO TIENE EL DEBER DE SOPORTAR EL DAÑO?

Cuando la actuación sanitaria ha sido correcta, es decir, conforme a los parámetros de la lex artis ad hoc (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso), ya que por lo general se entiende que la actividad sanitaria no tiene porqué garantizar un resultado, sino un empleo correcto de la ciencia y de la técnica médica en atención a las circunstancias del caso. (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 y de 9 de diciembre de 1998, entre otras)

 

 

6. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

a) Existencia de una lesión o daño antijurídico que el paciente no tenga el deber de soportar.

b) El daño debe ser efectivo (nunca potencial o futuro), evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio sanitario, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza mayor.

d) Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro del plazo de un año desde que se produjo el daño o se manifestaron sus efectos lesivos.

 

7. EL CRITERIO DE LA LEX ARTIS

Ni los pacientes pueden pretender ni la Administración garantizar que la asistencia sanitaria vaya a tener siempre un resultado favorable. Es perfectamente posible, aún dentro de criterios de normalidad, que la prestación asistencial no concluya con la curación o mejoría deseadas por el enfermo.

 

Por ello, los tribunales vienen poniendo límites al carácter objetivo de la responsabilidad en el ámbito sanitario. Con ello se contribuye a frenar el incremento de las reclamaciones patrimoniales sanitarias, de modo que se concedan indemnizaciones sólo en aquellos casos en los que verdaderamente sea procedente y esté justificado.

La forma correcta de delimitar los supuestos de verdadera responsabilidad consiste en añadir un plus a la exigencia  del daño y la relación de causalidad entre éste y la asistencia, de modo que no baste sólo con exigir la relación de causa-efecto, sino que se debe exigir que la prestación sanitaria se haya producido con infracción del criterio de la lex arti (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso)

 

8. EL DAÑO ANTIJURIDICO

Si la actuación del servicio sanitario ha sido correcta o incorrecta permite determinar, en primer lugar y con alto grado de certeza, la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico.

 

El empleo por parte del servicio sanitario de una técnica correcta es un dato de gran relevancia, de modo que aun aceptando que las secuelas padecidas tuviesen causa en una intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, estamos ante una lesión que no constituye un daño antijurídico.

 La antijuridicidad de la lesión no concurre cuando el daño no se hubiese podido prever o evitar según el estado del conocimiento de la ciencia o de la técnica existentes en el momento.

 

9. RELACION CAUSA EFECTO.

Resulta esencial para que se estime la responsabilidad patrimonial sanitaria la existencia de un nexo causal directo e inmediato entre la asistencia y la lesión.

Los tribunales vienen considerando que la Administración sanitaria no es responsable de cualquier resultado dañoso o lesivo que se origine durante el transcurso de la actividad de un servicio, sino sólo de aquellos que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dicho servicio.

CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA LEY 15/2015 DE JURISDICCION VOLUNTARIA

20.07.2015.- El pasado día 3 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria.

 

El legislador ha optado, al igual que en la mayoría de las naciones de nuestro entorno, por separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, estableciendo una regulación legal sistemática de los diferentes expedientes que se contienen en ella, “actualizando y simplificando las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más rápido, desde el respeto máximo de las garantías y de la seguridad jurídica, y tomando especial cuidado en la ordenación adecuada de sus actos e instituciones.”

 

Es decir, La Ley de la Jurisdicción Voluntaria contiene las normas comunes para la tramitación de los expedientes de esta naturaleza regulados por las leyes, cuyo conocimiento se atribuye al Juez o al Secretario judicial.

 

Ello le otorga análoga vocación codificadora a la que en su momento correspondió, «mutatis mutandis», a la LEC de 2000, en relación con la denominada jurisdicción contenciosa.

 

La Ley de la Jurisdicción Voluntaria, conforme con la experiencia de otros países, pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento.

 

Para ver el contenido y novedades de la ley 15/2015, os dejo el siguiente enlace:

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10315-contenido-y-novedades-de-la-ley-15-2015-de-la-jurisdiccion-voluntaria/

EL TRIBUNAL SUPREMO ENDURECE LOS REQUISITOS PARA RECURRIR EN VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

17.07.2015.- El Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por una Sociedad Mercantil que había sido inadmitido por el Tribunal de instancia, por no haber aportado el Acuerdo de la Junta General autorizando la interposición del recurso contencioso-administrativo, según una reciente interpretación del articulo 45.2 d de la LJCA.

 

En efecto, el Alto Tribunal, en Sentencia de fecha 17 de Diciembre de 2014, ha confirmado la Sentencia dictada por el Pleno del TSJ de Andalucía, por la que se inadmite el recurso contencioso administrativo interpuesto por una sociedad anónima por no haber aportado a la interposición del recurso el Acuerdo Social adoptado por la Junta General para el ejercicio de acciones, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito recogido en el artículo 45.2 d) de la LJCA. Y ello con independencia de que sí se aportó el acuerdo del administrador único autorizando la interposición de este recurso.

 

Esta necesidad se plantea especialmente cuando quien recurre es una sociedad de capital con un órgano de administración unipersonal: ¿basta entonces con acreditar el cargo de administrador único, que llevaría implícita la facultad de accionar en juicio (arts. 62 y 63 de la LSRL), o debe también acreditarse de manera autónoma la facultad para decidir ejercitar acciones en nombre de la persona jurídica?

 

La respuesta en el siguiente enlace:

 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-ts-endurece-los-requisitos-formales-para-recurrir-en-via-contencioso-administrativa

COMPUTO DE PLAZOS EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

 

08.07.2015.- Una de las cuestiones mas importantes a la hora de plantear cualquier reclamación a las Administraciones Públicas es conocer el computo de plazos.

 

Existen y existirán numerosas sentencias que ponen fin a los asuntos planteados con la inadmisibilidad por este motivo, determinando la imposibilidad de entrar a conocer el fondo del asunto.

 

http://contencioso.es/2013/06/10/curiosidades-vitales-sobre-el-computo-de-plazos-impugnatorios/

 

LAS PYMES SE SIENTEN ATACADAS POR LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

29.06.2015.- Asociaciones empresariales que representan a cinco sectores de servicios, presentarán alegaciones al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, al entender que se menoscaban los intereses de las pequeñas y medianas empresas.

 

 

Consideran que en el nuevo texto los cambios que se incluyen para favorecer el acceso de las pymes a la licitación pública son una simple "declaración de intenciones", que únicamente busca perjudicarles.

 

Entienden que en el documento se promueve la concentración de contratos para beneficiar a las grandes empresas, con una "regulación ambigua" en lo referente a la división de lotes, mermando a su vez la libre competencia en la contratación pública, saltándose las directrices establecidas en las Directivas Europeas.

 

Recordemos que las cinco organizaciones firmantes de este acuerdo son ANECPL (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas), FEHR (Federación Española de Hostelería), AFELIN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales), FES (Federación Empresarial Española de Seguridad) y CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos). En total agrupan a 32.702 empresas y dan empleo a 642.368 trabajadores.

Estas organizaciones se muestran contrarias a la regulación existente en el artículo 18 del Anteproyecto, en lo que se refiere a los contratos mixtos, ya que creen que dicha regulación obedece a las presiones ejercidas por las multinacionales.

 

El objetivo, entre otras cosas, es evitar que la mayor parte de los contratos vayan a parar a un reducido número de operadores, que perjudicaría mucho a las pymes. Aseguran, además, que supone una práctica muy común entre las Administraciones Públicas lo de concentrar en un mismo contrato distintos servicios, lo que ha provocado que varias empresas hayan optado por los recursos administrativos y contencioso-administrativos, que por lo general se suelen prolongar en el tiempo sin buenos resultados.

 

Desde estas organizaciones sostienen la necesidad de regular y fomentar la división de los contratos públicos en lotes para facilitar que las pymes puedan acceder a ellos a través de concursos. El Gobierno deja en manos de los órganos licitadores la decisión de dividir o no los contratos, lo que puede suponer una barrera difícil de superar por parte de las pequeñas y medianas compañías. A todo ello se le añade los elevados importes de los contratos, que discriminan a los pequeños empresarios en favor de las grandes sociedades.

LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS VERÁN MAS SIMPLIFICADOS LOS TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACION

22.06.2015.- El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, firmó un nuevo Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).

 

Estos trabajadores autónomos verán aún más simplificados y reducidos los trámites que deben realizar ante las diferentes Administraciones.

 

El objetivo del convenio es simplificar aún más los trámites que los trabajadores autónomos tienen que realizar ante la Administración y ayudar de esta forma al desarrollo de su actividad. La consulta a los sectores interesados permite mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades sociales.

 

En este sentido el convenio firmado con ATA, que representa a 41.22% de los autónomos en todo el territorio nacional, constituye una herramienta esencial para fomentar la participación de los Trabajadores Autónomos en mejorar la normativa que les afecta.

 

La reducción de cargas administrativas es un instrumento clave para la recuperación económica y los ahorros conseguidos a lo largo de los últimos años por medidas de simplificación que afectan a las relaciones de las empresas con la Administración se elevaban, a 1 de mayo de 2015, a 20.435 millones de euros.

 

APROBADOS LOS PROYECTOS DE LEYES PARA REFORMAR  LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

08.06.2015.- El Consejo de Ministros aprobó el 8 de mayo la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

Esta reforma se basa en dos ejes complementarios:

  1. El referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  1.  El referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOVEDADES PARA LOS CIUDADANOS

                            1.  Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.

                            2.   Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite, se establece la asistencia personal por parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo necesiten y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una notificación que podrá consultar de manera electrónica.

                            3.  Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etc.

                               No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.

                            4.   Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, a fin de reducir plazos.

                            5.   Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

                            6.   Por otra parte, los ciudadanos podrán conocer las principales reformas que se tiene previsto aprobar cada año a través del denominado Plan anual normativo.

NOVEDADES PARA LAS EMPRESAS

                            1.  Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.

                            2.  Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).

                            3.  En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

MAYOR AGILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES

                            
1. Las ganancias de agilidad serán, tanto para la gestión de procedimientos administrativos, al prever que todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación, como en los procesos de elaboración de normas, al prever, en el ámbito estatal, un procedimiento abreviado, lo que facilitará dar respuestas regulatorias más rápidas a determinados problemas. 


                           2. A ello se unen distintas medidas que profundizan en la senda de transparencia iniciada en el último año.

                Entre ellas destaca la creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones.

                               3. También se crea un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.

                               4.  También se gana en transparencia en los procedimientos de elaboración de normas al prever la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas.

                               5. Habrá una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas el año anterior como mecanismo de control ex post, con el objetivo de analizar los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y hacer, si fuera necesario, propuestas de modificación o derogación.

             

    MAYOR CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

                         1. El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.

                         2. Regulación de nuevas causas de disolución de entidades, en particular cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.

                         3. Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.

                   4. Para un mayor rigor y mejor control se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas, y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.

 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

11.05.2015.- Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas es lo primero que se debe tener en cuenta antes de emprender cualquier acción administrativa o judicial contra cualquier Administración Pública. 

 

Estos derechos están recogidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 

a) Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

 

b) Derecho a identificar a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten.

 

c) Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportando la junto con los originales, así como a la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

 

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

 

e) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

 

f) Derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

 

g) Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

 

h) Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros.

 

i) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

 

j) Derecho a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

 

k) Cualquier otro derecho que le reconozca la constitución y las leyes

¿QUE SE ENTIENDE POR ADMINISTRACION PUBLICA ?

20.04.2015.- El derecho administrativo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas existentes  entre los ciudadanos y las diferentes administraciones públicas y de estas entre  si.

 

En este punto conviene poner de manifiesto que no existe una única administración pública sino que existen varias, y a ellas se refiere expresamente el articulo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico  de las Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común.

 

  1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas :

 

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

 

  2. Las Entidades de Derecho Público , con personalidad jurídica  propia, vinculadas o dependientes de otras Administraciones Publicas tendrán asimismo la consideración de Administración pública.

 

Estas Entidades sujetarán  su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. 

 

En base a lo dispuesto en el articulo precedente, podemos clasificar las administraciones públicas  en dos grandes grupos: 

 

A) Administración territorial.  Es la integrada por la Administración  General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración  local ( Provincias, Municipios e Islas )

 

B) Administración no territorial. Esta integrada por las diferentes Entidades de derecho público  con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de otras administraciones públicas.

 

Dentro de la Administración  no territorial, debemos distinguir a su vez entre:

 

          1. Administración  Institucional. Dentro de la Administración Institucional se encuentran los Organismos Autónomos, Entidades publicas Empresariales y las Agencias Estatales. (Ejemplo de Organismo Autónomo: Consejo Superior de Deportes ; Ejemplo de Entidad Publica Empresarial: ADIF ( Administrador de infraestructuras ferroviarias ) ; Ejemplo de Agencia Estatal: AEMET ( Agencia Estatal de meteorología )

 

          2. Administración  Corporativa. Dentro de la Administración  Corporativa se encuentran los Colegios Profesionales y las Cámaras Oficiales ( Ejemplos: Colegio de Abogados de Madrid, Cámara de Comercio...)

 

El presente artículo  pretende únicamente  una primera aproximación  a las diferentes tipologías de Administraciones Públicas. En posteriores publicaciones estudiaremos el régimen jurídico  de cada una de ellas y sus principales singularidades.

 

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